Sistemas de Pensiones en América Latina: La Gran Encrucijada.

Por: Jairo A. Vásquez Pravia (*)

Los dos riesgos más importantes que enfrenta un individuo al ahorrar para la pensión por vejez son el de inversión y el de longevidad. Una persona no sabe si el valor exacto de lo acumulado en cotizaciones durante su vida económicamente activa asalariada le será suficiente para sostenerse siendo pensionada ni mucho menos sabe cuántos años de vida le queden luego de la edad de pensionamiento.

¿Qué es una pensión por vejez?

Una pensión por vejez se define como un beneficio pagado a un empleado que se jubila de su trabajo después de alcanzar una edad prescrita, digamos 65 años. Cuando este beneficio se paga regular y periódicamente desde el momento en que el empleado deja su trabajo hasta la muerte, el beneficio de pensión por vejez se llama "anualidad". Alternativamente, si se realiza un pago único al momento de la jubilación, se denomina "beneficio de suma global". Finalmente, un pago realizado a un trabajador que deja la empresa antes de cumplir la edad de jubilación no es una pensión; a esto lo llamamos "pago de indemnización". Por lo tanto, la característica distintiva de una pensión es que se paga sólo después de que el beneficiario envejece y se jubila. La principal razón de ser de las pensiones es proteger contra la inseguridad económica en la vejez. Cuando la esperanza de vida aumenta, es más probable que las personas sobrevivan sus años de trabajo.

La misión central de un sistema de pensiones es asegurar en la mayor medida posible un nivel de vida adecuado para las personas mayores. La "adecuación" se puede definir al menos de tres maneras. Un estándar de adecuación relativa buscaría proporcionar un beneficio de jubilación que sea adecuado en relación con el nivel de vida anterior de esa persona. Si se adopta, esto exigirá un seguro, ya sea público o privado. Alternativamente, un estándar de adecuación absoluta buscaría proporcionar un beneficio de jubilación que eleve los ingresos de los beneficiarios hasta un nivel de vida absoluto acordado (por ejemplo, la línea nacional de pobreza). Si se adoptara esta norma, se requeriría asistencia social para ayudar a las personas mayores que de otro modo no alcanzarían esa norma. Una tercera posibilidad es en parte relativa y en parte absoluta. Un sistema diseñado con este estándar en mente proporcionaría un beneficio mayor por dólar aportado para los grupos de ingresos más bajos.

Hay dos tipos básicos de sistemas contributivos de pensiones: el de reparto y de prestación definida y el de aportación definida totalmente capitalizada.

En un sistema de pensiones de reparto y prestación definida, las contribuciones de los trabajadores activos financian las pensiones de los jubilados actuales, de acuerdo con parámetros como la edad de jubilación, el número de años de servicio y los salarios promedio previos a la jubilación. Por el contrario, en un sistema de aportación definida totalmente capitalizada o de "pilares", las contribuciones se canalizan a cuentas individuales y las compañías administradoras de fondos de pensiones las invierten; al momento de la jubilación, los ahorros acumulados en esas cuentas se transforman en un flujo de ingresos mensuales, por ejemplo, a través de productos de anualidades ofrecidos por las compañías de seguros de vida.

El mayor desafío en materia de políticas de pensiones que enfrentan hoy la mayoría de los países de América Latina y el Caribe (ALC) es la baja cobertura de los sistemas de pensiones formales, tanto en términos de la proporción de trabajadores que participan en planes de pensiones como de la proporción de personas mayores que reciben algún tipo de pensión como ingreso. Por lo tanto, los esfuerzos para cerrar la brecha de cobertura, por ejemplo, a través de pensiones no contributivas, están en el centro del debate sobre la política de pensiones en la región.

En 1950, sólo el 5% de la población de ALC tenía más de 60 años, pero hoy esta cifra alcanza casi el 10% de la población, y para el 2100 se espera que supere el 35%, lo que empuja el implementar reformas para mantener la sostenibilidad de los sistemas públicos de pensiones. Después de que Chile implementara el primer sistema en 1981, varios otros países latinoamericanos incorporaron cuentas individuales administradas de forma privada como parte de sus sistemas de ingresos de pensión por vejez a partir de los años noventa.

Un determinante clave de la cobertura de las pensiones en ALC es el tipo de empleo. En promedio, 64 de cada 100 trabajadores asalariados contribuyen a un plan de pensiones en ALC, en comparación con sólo 17 de cada 100 trabajadores por cuenta propia. El tamaño de la empresa también importa. En las grandes empresas con más de 50 trabajadores, el 71% de los asalariados cotiza, frente al 51% en las empresas medianas (con entre 6 y 50 trabajadores) y el 24% en las pequeñas (con menos de seis trabajadores). Las frecuentes transiciones entre formalidad, informalidad e inactividad generan brechas de contribución muy significativas en las carreras de los trabajadores en ALC, lo que pondrá en riesgo la suficiencia de los futuros ingresos de jubilación. En casi todos los sistemas, los historiales de cotización incompletos dan como resultado menores derechos de pensión, o incluso inelegibilidad, lo que significa que es necesario examinar tanto el tamaño de estas brechas de cotización como su distribución en el tiempo.

Una gran proporción de personas mayores en ALC tendrá que depender de otras fuentes de ingresos además de las pensiones contributivas, como ingresos laborales, activos como vivienda, transferencias, pensiones sociales y apoyo familiar informal. La estructura del hogar, un factor importante para el bienestar de las personas mayores, muestra que las personas mayores más pobres tienen más probabilidades de vivir con un miembro de la familia. La mayoría de los ancianos pobres de la región viven en hogares multigeneracionales, lo que sugiere que su bienestar está estrechamente vinculado al de su familia. Las tendencias a largo plazo de una mayor urbanización y una menor fertilidad probablemente debilitarán estos vínculos en el futuro, lo que hará que el acceso al sistema de pensiones formal sea más importante.

Actualmente no se espera que los sistemas de pensiones contributivos generen suficientes ahorros para la vejez, ya que la mayoría de los empleos en la región de ALC se encuentran en el sector informal, donde los trabajadores no contribuyen a la seguridad social. Además, el crecimiento económico, incluso si continúa al ritmo de la última década, no será suficiente para resolver el problema de proporcionar ingresos adecuados para las personas mayores. En ausencia de reformas, se estima que hasta el 60% de los 140 millones de personas mayores en 2050 en ALC no tendrán una pensión adecuada en su vejez. El déficit de cobertura será mayor entre las mujeres y estará fuertemente concentrado entre los trabajadores que tienen empleos de ingresos bajos o medios, trabajan para pequeñas empresas o no son asalariados, como los trabajadores por cuenta propia. Esta baja cobertura tendrá importantes consecuencias sociales, políticas, fiscales y económicas. Las familias necesitarán dedicar mayores esfuerzos y recursos al cuidado de las personas mayores. Las personas de 65 años y más representarán entre el 20% y el 30% del electorado potencial; sus necesidades tendrán una poderosa influencia en el proceso electoral. La falta de cobertura es un costo fiscal latente, porque los países tendrán que asignar más recursos en el futuro para compensar esta cobertura inadecuada. La forma en que se aborden las brechas de cobertura probablemente afectará el funcionamiento del mercado laboral, las decisiones de inversión y el crecimiento de la productividad a largo plazo. En consecuencia, las pensiones se convertirán en una de las piedras angulares de la política económica y social en América Latina y el Caribe en las próximas décadas.

Durante las últimas dos décadas y media, los países latinoamericanos han servido como laboratorio mundial para sistemas de pensiones basados en cuentas individuales de ahorro para el retiro. Algunos países han adoptado cuentas individuales de contribución definida como reemplazo de los sistemas de pensiones estatales; otros países han adoptado sistemas mixtos o han hecho que las cuentas individuales sean opcionales y complementarias. La creciente proporción de personas mayores en la población de todos los países de ALC hace que la implementación de sistemas de pensiones sostenibles sea más urgente y más difícil.

Panama, 5 de mayo de 2025.

(*) El autor es economista.

¿ Por qué debemos valorar los servicios provistos por la naturaleza?

 Por: Jairo A. Vasquez Pravia (*)

De acuerdo con una definición comúnmente aceptada, los servicios ambientales, también conocidos como servicios ecosistémicos, son los beneficios que las personas obtienen de la naturaleza. Se les agrupa en cuatro diferentes categorías a) de soporte, b) de regulación, c) de abastecimiento o provisión y) culturales.

Ejemplos de cada grupo pueden ser:

Tipo a) la formación de suelo, la fotosíntesis,  el ciclo de los nutrientes, el ciclo del agua.

Tipo b) el control de la erosión, reciclado de desechos y purificación de aguas residuales

Tipo c) combustibles renovables, recursos genéticos, recursos farmacológicos naturales.

Tipo d) servicios recreativos y de ecoturismo, conocimiento científico derivado del estudio de la naturaleza, patrimonio cultural, valores educativos asociados a la naturaleza

La interacción entre los ecosistemas y las sociedades humanas puede describirse a través de una cadena de eventos. Esta cadena de eventos puede tener diferentes apariencias y terminologías, pero generalmente el significado es similar, como se ve en los siguientes dos ejemplos:

• La capacidad del océano para limpiar el agua de las toxinas ambientales da como resultado buena calidad del agua en conjunto con otros procesos oceánicos, creando así condiciones favorables para el desarrollo de deportes acuáticos y turismo de playa, lo que muchas personas valoran.

• La vegetación en el entorno urbano contribuye a la protección contra el ruido generado por actividades humanas y la contaminación por monóxido de carbono, lo cual afecta positivamente nuestra salud.

Los servicios ambientales son esenciales para nuestro bienestar. Sin embargo, a menudo asumimos que son prácticamente inagotables. El no percibir y valorar los servicios provistos por los ecosistemas, puede terminar el bienestar y calidad de nuestra presente vida, así como nuestro futuro como sociedad. Es fundamental que políticos, autoridades públicas, municipios, empresas, organizaciones e individuos se vuelvan más conscientes del valor de estos servicios con el objetivo de coadyuvar a la toma de decisiones más informadas. Por ejemplo, el valor de los servicios de los ecosistemas debería ser incluidos en la planificación y las decisiones sobre el uso de la tierra y el agua.

Hay muchas formas de establecer un valor. Cómo se va a expresar ese valor es una discusión en sí misma. Los servicios ambientales se valoran en función de los beneficios que generan para las personas y para la sociedad. La valoración económica se ocupa de cómo se ve afectado el bienestar de las personas por sus concepciones (preferencias) sobre lo que juega un papel en su bienestar, dado un mundo con recursos limitados.

Una limitación de la valoración económica es que no significa necesariamente que los valores se pueden expresar en términos monetarios. Pero aun así, se han desarrollado a lo largo de los últimos 40 años metodologías válidas a nivel mundial para acercarnos a un consenso en este sentido.

Valoración cualitativa: Valores expresados ​​en palabras.

Valoración semicuantitativa: valores expresados ​​en una escala de puntos.

Valoración cuantitativa: valores expresados ​​en términos de alguna unidad física,como la cantidad de materias primas producidas durante un período o el  número   de visitas a un área recreativa.

Valoración monetaria: Valores expresados ​​en unidades monetarias.

Percibir el valor económico de los servicios ambientales es fundamental para una sociedad que aspira al desarrollo sostenible. La valoración de estos proporciona una base para la toma de decisiones sobre cuestiones tales como: ¿Qué áreas deben conservarse y cuáles deben ser desarrolladas? ¿Cuales son los servicios ambientales de los que se depende para la realización diaria de  nuestras actividades personales y sociales de forma correcta? ¿Debe la nueva área residencial estar ubicada al este o al oeste de una autopista o de un parque natural? ¿Cómo deberíamos diseñar espacios verdes para un proyecto residencial, de infraestructura pública o comercial? ¿Cuales áreas geográficas en una región o país deben conservarse para promover la salud pública?

Al valorar los servicios ambientales que pueden verse afectados por diferentes decisiones en la esfera público-privada, puede lograrse un equilibrio duradero entre diferentes opciones de inversión para garantizar que las necesidades a largo plazo de la sociedad sean cónsonas con la conservación y aprovechamiento sostenible de los ecosistemas..

Panama. 7 de septiembre de 2020.

(*) El autor es economista.

Bienes y servicios ambientales. Uniendo los mundos de las ciencias naturales y la economía.

Por: Jairo A. Vasquez Pravia (*)

El desarrollo sostenible vincula el bienestar de las generaciones con la capacidad de la biósfera de sostener la vida y tiene un enfoque de política pública. El desarrollo sostenible no es un estado fijo, sino más bien un proceso de cambio en el cual la explotación de los recursos naturales, la dirección de los flujos de inversión, la orientación del cambio tecnológico y los cambios institucionales se articulan con las presentes, así como con las futuras necesidades.

Nuestros sistemas económicos, políticos y sociales globales actuales no están bien preparados para enfrentar este desafío. Existe una asimetría fundamental en el corazón de los sistemas económicos que recompensa la producción y el consumo a corto plazo de los productos básicos comercializados a expensas de la administración del capital natural necesario para el bienestar humano a largo plazo. Con una mayoría de personas que ahora viven en áreas urbanas (se espera que sean dos tercios de la población mundial para 2050), esta asimetría puede acentuarse aún más a medida que las conexiones con la naturaleza se vuelven menos evidentes, aunque no menos importantes. 

La valoración económica de los bienes y servicios ambientales, así como la implementación de mecanismos de compensación por su uso es un factor clave para reducir esa asimetría. Los bienes ambientales son productos de la naturaleza directamente aprovechables para el uso o consumo como, por ejemplo, el agua, los recursos pesqueros, la madera, los productos no maderables del bosque, las plantas de uso medicinal. En cambio, los servicios ambientales son aquellas funciones de los ecosistemas que generan beneficios y bienestar para las personas y las comunidades No se transforman ni se gastan en el proceso de utilización del consumidor; ésta es la característica principal que los distingue de los bienes ambientales, utilizados como insumos en los sistemas productivos, en cuyo proceso se transforman y se agotan. El paisaje es un claro ejemplo de servicio ambiental.

Comprender quién afecta la generación de servicios ecosistémicos (llamados proveedores) y quién se beneficia de los servicios ecosistémicos (beneficiarios o consumidores) permite evaluar los costos y beneficios de una política determinada, incluidas las consecuencias distributivas entre las partes afectadas. Las instituciones, como los derechos de propiedad y acceso, junto con la naturaleza de los servicios en cuestión, enmarcan el contexto de las políticas e influyen en el conjunto de incentivos para el uso público y privado y la provisión de servicios ecosistémicos. Comprender el panorama institucional y las estructuras de incentivos puede informar una gestión y una gobernanza eficaces. Por ejemplo, políticas cuidadosamente diseñadas, como por ejemplo la aprobación de una ley que reconozca la existencia y valor de los bienes y servicios ambientales, pueden motivar a los posibles proveedores de servicios de los ecosistemas mediante el uso de pagos por la acción, el acceso o el mantenimiento de un servicio. De manera similar, la ordenación pesquera basada en los derechos puede incentivar a los pescadores a ser mejores administradores de los ecosistemas que producen los peces que capturan.

Las áreas protegidas estatales panameñas, tal es el caso de los parques nacionales como Chagres, Camino de Cruces, Internacional La Amistad, Coiba (marino costero), Bastimentos (marino costero), al igual que los ,humedales de la Bahia de Panama; Matusagaratí (provincia de Darién) San San Pond Sak (provincia de Bocas del Toro), reservas forestales como la región de Donoso (provincia de Colón), Palo Seco (provincia de Bocas del Toro) generan una cantidad y diversidad de bienes y servicios ambientales. 

Entre los años 2002 a 2005, a solicitud de la entonces Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), el consorcio consultor chileno BCEOM– Fundación Terram llevó a cabo el primer estudio conocido sobre valoración económica de bienes y servicios ambientales en la República de  Panamá. iniciando con el Parque Nacional Coiba y el Parque Internacional La Amistad. Posteriormente se terminaron valorando un total de 21 áreas protegidas en el territorio nacional, arrojando resultados muy interesantes. De acuerdo con reportes de la época al respecto, se estimó que el valor de los servicios ambientales ofrecidos por las 21 áreas protegidas analizadas ascendía a un flujo de 149.2 millones de dólares por año aproximadamente.

Cabe destacar que se han presentado ante la Asamblea Nacional de Diputados durante los últimos 15 años, al menos,  dos anteproyectos de ley sobre bienes y servicios ambientales, los cuales no han sido aprobados por diversas razones. 

Corregir la citada asimetría en Panamá requerirá transformar el uso del capital natural a través de una mejor comprensión del papel que juega este en el sostenimiento del bienestar humano, integrando esta información en contextos de decisiones y políticas, y cambiando las instituciones, políticas e incentivos para recompensar la administración a largo plaza. La aprobación de una ley sobre bienes y servicios ambientales en la República de Panamá es fundamental para iniciar esta corrección. La conservación y el desarrollo económico se han considerado en esferas separadas durante demasiado tiempo. El desarrollo sostenible en el siglo XXI requiere el reconocimiento explícito de que el desarrollo social y económico son parte de una biosfera estable y resiliente y dependen de ella.

 (*) El autor es economista.

Los Manglares y su Rol en el Cambio Climático.

Por: Jairo A. Vásquez Pravia (*)

Los manglares situados en las costas que dan al Golfo de Panamá cubren aproximadamente unos 893 kilómetros cuadrados de esta eco región, la cual en total abarca unos 2,424 kilómetros cuadrados. De esta extensión estimada de manglar, ya más de 100 kilómetros cuadrados han sido degradados ambientalmente y convertidos a áreas de uso humano intensivo. Por otro lado, los bosques de mangle de Bahía Las Minas en la provincia de Colón han sido afectados por grandes derrames de combustible durante los últimos treinta años. De acuerdo con información presentada en 1997 en la revista Neotropica, el primer derrame ocurrió en 1968 cuando un buque tanquero en la citada bahía sufrió ruptura del caso y se hundió, liberando entre 2.8 a 3.8 millones de litros de aceite diesel y combustible bunker tipo C, matando 49 hectáreas de manglar, es decir, un   4 % de los manglares existentes en la bahía en ese momento. El segundo ocurrió en 1986 cuando un tanque de reserva de la entonces Refinería Panamá colapsó, liberando al menos 8 millones de litros de petróleo crudo, eliminando 69 hectáreas de bosque de manglar, es decir un 6% de lo contabilizado en la Bahía por investigadores panameños y estadounidenses. Todavía en el 2013 se observan los efectos perjudiciales de tales derrames sobre la biota de esta área, así como de derrames menores a posteriori a los ya citados.

Resulta preocupante reconocer que once de las setenta especies de mangle (16%) reconocidas mundialmente se encuentran en un elevado riesgo de extinción. Una de las áreas de especial preocupación precisamente son las costas caribeñas y pacíficas de América Central, donde tanto como un 40% de las especies allí inventariadas están en riesgo de desaparecer en los próximos veinte años.

A pesar de representar solo el 0.4% de la superficie boscosa en pie a nivel mundial los manglares proveen por lo menos 1.6 millardos de dólares cada año en servicios ambientales a la población de nuestro planeta (ej. filtración de sedimentos, contención de basura orgánica e inorgánica que de otra forma iría directo al mar), al mismo tiempo que sustentan la vida de infinidad de comunidades costeras a nivel mundial, especialmente las dedicadas a la pesca artesanal y al turismo a pequeña escala. Los bosques de mangle son sumideros altamente eficientes para capturar carbono y reducir el calentamiento global: lo hacen a un ritmo al menos seis veces superior por hectárea que los bosques tropicales lluviosos primarios.

Para la industria pesquera de nuestro país,  su propia existencia y rentabilidad actual y futura depende de bosques de mangles saludables y extensos en los golfos de Chiriquí y Panamá, dado que la gran mayoría de especies comerciales como por ejemplo el pargo, la corvina, camarones rojos y blancos, al igual que almejas, longorones y demás bivalvos y univalvos en nuestro país cumplen su ciclo biológico más importante (el de la crianza) dentro de los manglares. Se estima que una hectárea de manglar le representa a la industria pesquera panameña más de 500,000 dólares por hectárea en ingresos potenciales por año.

Pero el común de la gente se preguntará, aún hoy, por que razón ciertos sectores de la sociedad panameña todavía insisten en salvar los manglares panameños sino son más que áreas insalubres, pantanosas, llenas de mosquitos y punto de entrada para actividades del narcotráfico? No sería mejor opción el sanearlas e incorporarlas al pujante desarrollo nacional mediante rellenos, carreteras, urbanizaciones y centros comerciales?

La respuesta es sencilla: los manglares son nuestros principales aliados naturales para mitigar los efectos del cambio climático en la zonas más vulnerables del planeta: las costas tropicales. Si los protegemos, nos protegemos nosotros y las futuras generaciones también, si esa no es suficiente razón, pues no se cual otra podría ser.

(*) El autor es economista.

Artículo publicado en el Diario La Prensa el día lunes 20 de mayo de 2013.

Un Debate Necesario.

Por: Jairo A. Vásquez Pravia (*)

Desde el siglo XIX hasta la mitad del siglo XX, las políticas públicas a nivel mundial se centraron en dirimir la lucha entre los valores económicos (acumulación del capital, impulso al comercio, crecimiento económico) y los valores sociales (sueldos y salarios, condiciones laborales, bienestar social, vivienda, salud y educación digna y universal).

Aunque debe reconocerse que estos temas todavía no han sido resueltos en, prácticamente, ningún país del mundo, puede argumentarse que desde la década de 1970 otros asuntos y tensiones han ganado relativa notoriedad. Dos temas son de particular interés en la actualidad: el conflicto preservación del ambiente natural frente al crecimiento económico, así como el suscitado entre la preservación del ambiente natural y la justicia social. En efecto, los valores ambientales (entre otros) se han agregado y, al mismo tiempo, complicado aún más el cuasi eterno debate entre la derecha y la izquierda política que es, en el fondo, el eterno debate entre los que más y menos tienen por el acceso al poder.

El bienestar actual de la humanidad y, ciertamente, su supervivencia en el mediano y largo plazo dependen del éxito continuo de una interminable lista de plantas y animales –muy pocos de los cuales han sido domesticados– en muchas formas que apenas alcanzamos a entender plenamente. Nuestras reservas mundiales de alimentos podrían solo durar por un número limitado de meses si nuestra capacidad de producirlos, de repente, se ralentizara, ya sea por causas naturales o antrópicas. Esta capacidad está determinada, a su vez, por los niveles de precipitación pluvial y niveles de temperatura, por la actividad de muchos insectos como las abejas, así como por la vida microbiológica encontrada dentro de los distintos tipos de suelo del planeta.

La forma en que entendemos y valoramos la ecología, claramente, tiene implicaciones sociopolíticas muy importantes para el presente y el futuro de nuestras sociedades, lo que se ha venido demostrando en los últimos años a medida que la temática ambiental ha pasado a tener preponderancia, no solo a nivel noticioso sino en la agenda de más de una plataforma política de candidatos a puestos de elección, ya sea por el mero interés de suscitar simpatías y votos, o bien porque en contadísimos casos de verdad han internalizado el mensaje.

La integración de la economía, la equidad y la conservación ambiental es y debe ser un proceso político, fraguado por discusiones y dilemas de tipo ético. Más aún, estos vitales temas no pueden ser resueltos solamente sobre la base de meras estadísticas o “recetas” aplicadas a distancia desde los centros de poder mundial y/o por las ONG multinacionales que en el fondo responden a los mismos intereses. Las soluciones requieren per se de un esfuerzo denodado de pensamiento colectivo sobre qué tipo de sociedad en realidad queremos. Temas como las implicaciones ambientales de la construcción del tercer juego de esclusas por el Canal de Panamá, el estado presente y futuro de los humedales de la bahía de Panamá, la III fase de la cinta costera, el proceso de desertificación de la península de Azuero, las implicaciones de los proyectos hidroeléctricos en Chiriquí y Bocas del Toro (aguas abajo), entre otros muchos, son ejemplos que requieren de ese esfuerzo de pensamiento colectivo sobre el tipo de país que queremos para nosotros y nuestros hijos.

En una democracia, los valores fundamentales son algo que cada uno de nosotros debe establecer por sí mismo. Algo muy importante que nuestros ciudadanos que conforman la autodenominada clase política convenientemente olvidan: las instituciones democráticas son exitosas o fracasan en el tiempo sobre la base de su habilidad de integrar los valores ciudadanos dentro de decisiones colectivas efectivas. Pero más aún, nuestra sociedad panameña no será exitosa y sostenible a largo plazo en el mundo globalizado si no enfrentamos con entereza los retos difíciles y las decisiones duras que nos tocará tomar en temas como seguridad, educación y salud.

Queda de nosotros decidir cómo y cuando nos sentaremos a debatir y llegar a un verdadero consenso nacional. El Panamá de hoy y el que vendrá esperan a gritos nuestra respuesta.

Artículo de opinión aparecido en el diario La Prensa del dia miércoles 22 de agosto de 2012.

(*) El autor es economista.

Deuda Pública y Desarrollo Sostenible.

Por: Jairo A. Vásquez Pravia (*)

El desarrollo sostenible vincula el bienestar de las generaciones con la capacidad de la biósfera de sostener la vida y tiene un enfoque de política pública. El desarrollo sostenible no es un estado fijo sino mas bien un proceso de cambio en el cual la explotación de los recursos naturales, la dirección de los flujos de inversión, la orientación del cambio tecnológico y los cambios institucionales se articulan con las presentes así como con las futuras necesidades. En la actualidad, las sociedades industriales se encuentran viviendo a costa de las futuras generaciones, lo cual ha traído crisis financieras institucionales que socavan en estos momentos la estabilidad de economías como la estadounidense, la japonesa y de un grupo significativo de países del sur de Europa.

 

Nuestra economía no escapa a esta inexorable máxima, tal y como lo comprobamos al verificar que aun a pesar del crecimiento sostenido del PIB a un ritmo de mas del 8.5% anual en promedio durante los últimos siete años, todavía la deuda publica representa aproximadamente el 42% del valor de este indicador, lo cual contrasta con el 70% que representaba en los años setenta, todavía nos mantiene en una posición un tanto vulnerable ante los vaivenes de los flujos de inversión directa a nivel mundial.

 

La expansión del Canal de Panamá y una gran cantidad de megaproyectos en diferentes fases de construcción tales como hidroeléctricas, el saneamiento de la Bahía de Panamá, la primera línea del metro de la ciudad capital, expansión de los puertos de contendedores, entre otros se espera que impulsen y extiendan el incremento sostenido de la actividad económica por unos cinco a diez años más, lo cual en teoría representa una oportunidad histórica para hacer progresos sustanciales en reducir la persistente pobreza e inequidad existente, dado que todavía un tercio de la población de nuestro istmo vive en pobreza y cerca del 15.1% lo hace en extrema pobreza, las cuales son cifras realmente escandalosas.

 

El financiamiento de los actuales estándares de consumo de bienes y servicios de la población panameña por medio del endeudamiento resulta ser totalmente insostenible desde un punto de vista intergeneracional, incluso manteniéndose o incrementándose el presente gasto público social tal y como lo han venido realizando los últimos dos gobiernos de Torrijos y Martinelli con el consabido incremento del déficit presupuestario, ciertamente ha contribuido a la formulación de controvertidas propuestas como la propuesta venta de un significativo porcentaje de las acciones del Estado panameño en empresas de servicios públicos, trayendo como consecuencia el rechazo de amplios sectores de la población en fechas recientes con sus secuelas de tensión social.

 

En el presente y futuro  para intentar garantizar la sostenibilidad de la nación panameña no solo deberá  evitarse la sobre explotación de sus recursos naturales, sino también será importante que se posean los mecanismos adecuados para desactivar la bomba de tiempo que representa nuestro creciente endeudamiento público.

 

Si los esfuerzos que necesita realizar el actual gobierno panameño para mantener bajo control los crecientes niveles de endeudamiento se deciden aplazar o ignorar por el comienzo de la campaña presidencial rumbo a las elecciones generales de mayo del 2014, muchos de los pasados y presentes esfuerzos de grupos de la sociedad civil por promover el desarrollo sostenible mas que nunca caerán en oídos sordos,  avizorándose conflictos sociales mas agudos a futuros, ya no solo por temas como la inseguridad o la percepción de corrupción, sino por temas tan vitales para humanidad como la disponibilidad de agua en condiciones adecuadas.

Panamá, 25 de junio de 2012.

(*) El autor es economista.

El Agua Que No Has De Beber.

Por: Jairo A. Vásquez Pravia (*) 

Durante la segunda parte del siglo veinte, se estima que en promedio dos grandes represas artificiales, especialmente para uso de plantas hidroeléctricas, se inauguraban cada día en el mundo. Para el año 2000, el número de grandes represas había crecido hasta alcanzar más de 47,000, y unas 800,00 represas más pequeñas bloqueaban ahora el flujo de los de la mayor parte de los ríos del mundo.

A nivel mundial, más de la mitad de los 292 sistemas fluviales más grandes del mundo estaban afectados por represajes como son los casos del Yangtzé Kiang, Mississippi-Missouri, Nilo, Mekong, Irrawadi, e incluso a menor escala con los ríos Bayano y Chagres en Panamá. Es indudable que muchas de estas titánicas obras del ingenio humano proveen beneficios sustanciales a las sociedades humanas.

Uno de cada tres países a nivel mundial depende de plantas hidroeléctricas para satisfacer al menos la mitad de su demanda eléctrica. Sin embargo,jamás puede subestimarse el hecho de que el represaje de los ríos tiene ciertamente consecuencias dramáticas, tanto en su mismo curso como en su cuenca hidrográfica respectiva, en la medida que el flujo de las aguas y el drenaje de la tierra son alterados, en ocasiones irreversiblemente. Uno de los efectos más fácilmente detectables es la profunda alteración de la carga natural de los sedimentos del previamente libre río.

En la medida en que el flujo de agua cargado de sedimentos fluye desde la parte alta del rio hasta el reservorio detrás de la represa artificial, los sedimentos suspendidos van depositándose y formando gruesas capas de sustrato en el fondo del reservorio. Como resultado, cuando el agua es liberada periódicamente a través de las compuertas de la represa si bien se encuentra relativamente libre de sedimentos, a medida que avanza por el cauce río abajo, va cargándose crecientemente de sedimentos, conduciendo a una creciente erosión de las riberas y canales naturales en la parte baja de su curso, poniendo en peligro las vidas y propiedades de miles de personas que viven, no solo limítrofes con el río, sino incluso a decenas o centenares de kilómetros mas alejados. 

La construcción de represas, en el marco de ineficaces o inexistentes políticas nacionales de administración integral de cuencas hidrográficas, puede llegar a tener también consecuencias socioeconómicas imprevisibles. Por ejemplo, se estima que más de un cuarto de millón de kilómetros cuadrados de tierras, muchas de éstas con grados importantes de biodiversidad y/o de producción agropecuaria, han sido inundadas por el represaje de ríos a nivel mundial durante los últimos 110 años, lo cual ha causado el inevitable desplazamiento y relocalización por parte de autoridades nacionales de entre 40 a 80 millones de personas a nivel mundial, en algunas ocasiones siendo sucesos violentos con no pocas muertes. Esto sin mencionar incrementos en los riesgos a la salud humana ya identificados en atención a la potencial proliferación de vectores de ciertas enfermedades, cuyos ciclos de vida se cumplen parcialmente en cuerpos de agua. 

La demanda de agua para la generación de energía hidroeléctrica en la Republica de Panamá se estima en más de 25 billones de metros cúbicos anuales y, a medida que el crecimiento de la economía panameña continúe, se hará cada vez mayor. Según los antecedentes sobre potencial hidroeléctrico inventariado, la provincia de Bocas del Toro es la que dispone del mayor potencial en el país para surtir el proyectado aumento de esa demanda en los próximos veinte años, seguida de la provincia de Chiriquí. 

La dependencia excesiva de energía hidroeléctrica, y el represaje de los ríos para tal fin, pueden llegar a ser un arma de doble filo a largo plazo para el mantenimiento de la paz social y la competividad económica de nuestro país sino se realiza una verdadera gestión integral y estratégica de los relativamente abundantes recursos hídricos con que contamos. 

No esperemos a que surja otro nuevo conflicto entre conciudadanos por el uso de los recursos hídricos para implementar una gestión integrada de éstos. Mas bien preocupémonos por que la ventana para solucionar el problema cada vez se torna más angosta con el paso de los días. 

Panamá, 27 de marzo de 2012. 

 (*) El autor es economista.