Un Debate Necesario.

Por: Jairo A. Vásquez Pravia (*)

Desde el siglo XIX hasta la mitad del siglo XX, las políticas públicas a nivel mundial se centraron en dirimir la lucha entre los valores económicos (acumulación del capital, impulso al comercio, crecimiento económico) y los valores sociales (sueldos y salarios, condiciones laborales, bienestar social, vivienda, salud y educación digna y universal).

Aunque debe reconocerse que estos temas todavía no han sido resueltos en, prácticamente, ningún país del mundo, puede argumentarse que desde la década de 1970 otros asuntos y tensiones han ganado relativa notoriedad. Dos temas son de particular interés en la actualidad: el conflicto preservación del ambiente natural frente al crecimiento económico, así como el suscitado entre la preservación del ambiente natural y la justicia social. En efecto, los valores ambientales (entre otros) se han agregado y, al mismo tiempo, complicado aún más el cuasi eterno debate entre la derecha y la izquierda política que es, en el fondo, el eterno debate entre los que más y menos tienen por el acceso al poder.

El bienestar actual de la humanidad y, ciertamente, su supervivencia en el mediano y largo plazo dependen del éxito continuo de una interminable lista de plantas y animales –muy pocos de los cuales han sido domesticados– en muchas formas que apenas alcanzamos a entender plenamente. Nuestras reservas mundiales de alimentos podrían solo durar por un número limitado de meses si nuestra capacidad de producirlos, de repente, se ralentizara, ya sea por causas naturales o antrópicas. Esta capacidad está determinada, a su vez, por los niveles de precipitación pluvial y niveles de temperatura, por la actividad de muchos insectos como las abejas, así como por la vida microbiológica encontrada dentro de los distintos tipos de suelo del planeta.

La forma en que entendemos y valoramos la ecología, claramente, tiene implicaciones sociopolíticas muy importantes para el presente y el futuro de nuestras sociedades, lo que se ha venido demostrando en los últimos años a medida que la temática ambiental ha pasado a tener preponderancia, no solo a nivel noticioso sino en la agenda de más de una plataforma política de candidatos a puestos de elección, ya sea por el mero interés de suscitar simpatías y votos, o bien porque en contadísimos casos de verdad han internalizado el mensaje.

La integración de la economía, la equidad y la conservación ambiental es y debe ser un proceso político, fraguado por discusiones y dilemas de tipo ético. Más aún, estos vitales temas no pueden ser resueltos solamente sobre la base de meras estadísticas o “recetas” aplicadas a distancia desde los centros de poder mundial y/o por las ONG multinacionales que en el fondo responden a los mismos intereses. Las soluciones requieren per se de un esfuerzo denodado de pensamiento colectivo sobre qué tipo de sociedad en realidad queremos. Temas como las implicaciones ambientales de la construcción del tercer juego de esclusas por el Canal de Panamá, el estado presente y futuro de los humedales de la bahía de Panamá, la III fase de la cinta costera, el proceso de desertificación de la península de Azuero, las implicaciones de los proyectos hidroeléctricos en Chiriquí y Bocas del Toro (aguas abajo), entre otros muchos, son ejemplos que requieren de ese esfuerzo de pensamiento colectivo sobre el tipo de país que queremos para nosotros y nuestros hijos.

En una democracia, los valores fundamentales son algo que cada uno de nosotros debe establecer por sí mismo. Algo muy importante que nuestros ciudadanos que conforman la autodenominada clase política convenientemente olvidan: las instituciones democráticas son exitosas o fracasan en el tiempo sobre la base de su habilidad de integrar los valores ciudadanos dentro de decisiones colectivas efectivas. Pero más aún, nuestra sociedad panameña no será exitosa y sostenible a largo plazo en el mundo globalizado si no enfrentamos con entereza los retos difíciles y las decisiones duras que nos tocará tomar en temas como seguridad, educación y salud.

Queda de nosotros decidir cómo y cuando nos sentaremos a debatir y llegar a un verdadero consenso nacional. El Panamá de hoy y el que vendrá esperan a gritos nuestra respuesta.

Artículo de opinión aparecido en el diario La Prensa del dia miércoles 22 de agosto de 2012.

(*) El autor es economista.

Deuda Pública y Desarrollo Sostenible.

Por: Jairo A. Vásquez Pravia (*)

El desarrollo sostenible vincula el bienestar de las generaciones con la capacidad de la biósfera de sostener la vida y tiene un enfoque de política pública. El desarrollo sostenible no es un estado fijo sino mas bien un proceso de cambio en el cual la explotación de los recursos naturales, la dirección de los flujos de inversión, la orientación del cambio tecnológico y los cambios institucionales se articulan con las presentes así como con las futuras necesidades. En la actualidad, las sociedades industriales se encuentran viviendo a costa de las futuras generaciones, lo cual ha traído crisis financieras institucionales que socavan en estos momentos la estabilidad de economías como la estadounidense, la japonesa y de un grupo significativo de países del sur de Europa.

 

Nuestra economía no escapa a esta inexorable máxima, tal y como lo comprobamos al verificar que aun a pesar del crecimiento sostenido del PIB a un ritmo de mas del 8.5% anual en promedio durante los últimos siete años, todavía la deuda publica representa aproximadamente el 42% del valor de este indicador, lo cual contrasta con el 70% que representaba en los años setenta, todavía nos mantiene en una posición un tanto vulnerable ante los vaivenes de los flujos de inversión directa a nivel mundial.

 

La expansión del Canal de Panamá y una gran cantidad de megaproyectos en diferentes fases de construcción tales como hidroeléctricas, el saneamiento de la Bahía de Panamá, la primera línea del metro de la ciudad capital, expansión de los puertos de contendedores, entre otros se espera que impulsen y extiendan el incremento sostenido de la actividad económica por unos cinco a diez años más, lo cual en teoría representa una oportunidad histórica para hacer progresos sustanciales en reducir la persistente pobreza e inequidad existente, dado que todavía un tercio de la población de nuestro istmo vive en pobreza y cerca del 15.1% lo hace en extrema pobreza, las cuales son cifras realmente escandalosas.

 

El financiamiento de los actuales estándares de consumo de bienes y servicios de la población panameña por medio del endeudamiento resulta ser totalmente insostenible desde un punto de vista intergeneracional, incluso manteniéndose o incrementándose el presente gasto público social tal y como lo han venido realizando los últimos dos gobiernos de Torrijos y Martinelli con el consabido incremento del déficit presupuestario, ciertamente ha contribuido a la formulación de controvertidas propuestas como la propuesta venta de un significativo porcentaje de las acciones del Estado panameño en empresas de servicios públicos, trayendo como consecuencia el rechazo de amplios sectores de la población en fechas recientes con sus secuelas de tensión social.

 

En el presente y futuro  para intentar garantizar la sostenibilidad de la nación panameña no solo deberá  evitarse la sobre explotación de sus recursos naturales, sino también será importante que se posean los mecanismos adecuados para desactivar la bomba de tiempo que representa nuestro creciente endeudamiento público.

 

Si los esfuerzos que necesita realizar el actual gobierno panameño para mantener bajo control los crecientes niveles de endeudamiento se deciden aplazar o ignorar por el comienzo de la campaña presidencial rumbo a las elecciones generales de mayo del 2014, muchos de los pasados y presentes esfuerzos de grupos de la sociedad civil por promover el desarrollo sostenible mas que nunca caerán en oídos sordos,  avizorándose conflictos sociales mas agudos a futuros, ya no solo por temas como la inseguridad o la percepción de corrupción, sino por temas tan vitales para humanidad como la disponibilidad de agua en condiciones adecuadas.

Panamá, 25 de junio de 2012.

(*) El autor es economista.

El Agua Que No Has De Beber.

Por: Jairo A. Vásquez Pravia (*) 

Durante la segunda parte del siglo veinte, se estima que en promedio dos grandes represas artificiales, especialmente para uso de plantas hidroeléctricas, se inauguraban cada día en el mundo. Para el año 2000, el número de grandes represas había crecido hasta alcanzar más de 47,000, y unas 800,00 represas más pequeñas bloqueaban ahora el flujo de los de la mayor parte de los ríos del mundo.

A nivel mundial, más de la mitad de los 292 sistemas fluviales más grandes del mundo estaban afectados por represajes como son los casos del Yangtzé Kiang, Mississippi-Missouri, Nilo, Mekong, Irrawadi, e incluso a menor escala con los ríos Bayano y Chagres en Panamá. Es indudable que muchas de estas titánicas obras del ingenio humano proveen beneficios sustanciales a las sociedades humanas.

Uno de cada tres países a nivel mundial depende de plantas hidroeléctricas para satisfacer al menos la mitad de su demanda eléctrica. Sin embargo,jamás puede subestimarse el hecho de que el represaje de los ríos tiene ciertamente consecuencias dramáticas, tanto en su mismo curso como en su cuenca hidrográfica respectiva, en la medida que el flujo de las aguas y el drenaje de la tierra son alterados, en ocasiones irreversiblemente. Uno de los efectos más fácilmente detectables es la profunda alteración de la carga natural de los sedimentos del previamente libre río.

En la medida en que el flujo de agua cargado de sedimentos fluye desde la parte alta del rio hasta el reservorio detrás de la represa artificial, los sedimentos suspendidos van depositándose y formando gruesas capas de sustrato en el fondo del reservorio. Como resultado, cuando el agua es liberada periódicamente a través de las compuertas de la represa si bien se encuentra relativamente libre de sedimentos, a medida que avanza por el cauce río abajo, va cargándose crecientemente de sedimentos, conduciendo a una creciente erosión de las riberas y canales naturales en la parte baja de su curso, poniendo en peligro las vidas y propiedades de miles de personas que viven, no solo limítrofes con el río, sino incluso a decenas o centenares de kilómetros mas alejados. 

La construcción de represas, en el marco de ineficaces o inexistentes políticas nacionales de administración integral de cuencas hidrográficas, puede llegar a tener también consecuencias socioeconómicas imprevisibles. Por ejemplo, se estima que más de un cuarto de millón de kilómetros cuadrados de tierras, muchas de éstas con grados importantes de biodiversidad y/o de producción agropecuaria, han sido inundadas por el represaje de ríos a nivel mundial durante los últimos 110 años, lo cual ha causado el inevitable desplazamiento y relocalización por parte de autoridades nacionales de entre 40 a 80 millones de personas a nivel mundial, en algunas ocasiones siendo sucesos violentos con no pocas muertes. Esto sin mencionar incrementos en los riesgos a la salud humana ya identificados en atención a la potencial proliferación de vectores de ciertas enfermedades, cuyos ciclos de vida se cumplen parcialmente en cuerpos de agua. 

La demanda de agua para la generación de energía hidroeléctrica en la Republica de Panamá se estima en más de 25 billones de metros cúbicos anuales y, a medida que el crecimiento de la economía panameña continúe, se hará cada vez mayor. Según los antecedentes sobre potencial hidroeléctrico inventariado, la provincia de Bocas del Toro es la que dispone del mayor potencial en el país para surtir el proyectado aumento de esa demanda en los próximos veinte años, seguida de la provincia de Chiriquí. 

La dependencia excesiva de energía hidroeléctrica, y el represaje de los ríos para tal fin, pueden llegar a ser un arma de doble filo a largo plazo para el mantenimiento de la paz social y la competividad económica de nuestro país sino se realiza una verdadera gestión integral y estratégica de los relativamente abundantes recursos hídricos con que contamos. 

No esperemos a que surja otro nuevo conflicto entre conciudadanos por el uso de los recursos hídricos para implementar una gestión integrada de éstos. Mas bien preocupémonos por que la ventana para solucionar el problema cada vez se torna más angosta con el paso de los días. 

Panamá, 27 de marzo de 2012. 

 (*) El autor es economista.

Los Bosques Silenciosos.

Por: Jairo A. Vasquez Pravia (*)

Las comunidades locales ubicadas en países en vía de desarrollo como Panamá, por lo general se les impide ganarse su sustento diario mediante la explotación de los bienes y servicios ambientales en las áreas protegidas del Estado, pero en la práctica la gente administra estas tierras desde tiempos inmemoriales y depende de ellas para sobrevivir. En lugares como el Parque Nacional Chagres, Bosque Protector de Palo Seco en Bocas del Toro, el área de Donoso en la provincia de Colón, Parque Internacional La Amistad entre Chiriquí y Bocas del Toro, entre otras importantes áreas de producción de agua en Panamá, la participación comunitaria es la clave para el éxito de programas de conservación que permitan rehabilitar las funciones ecosistémicas alteradas y produzcan servicios ambientales para beneficiarios fuera del área protegida. 

A medida que la demanda por agua dulce aumenta en atención a las necesidades de las plantas hidroeléctricas, productores agropecuarios, industriales y ciudadanos todos, las inversiones requeridas para asegurar la adecuada dotación de recursos hídricos se incrementan más que proporcionalmente, muchas veces creando un gran impacto ambiental y daño social en las regiones donde el agua se obtiene para uso consuntivo y no consuntivo. Como resultado, un círculo vicioso de degradación ambiental y modernización agropecuaria en las partes bajas de las cuencas hidrográficas conlleva a una más profunda polarización social; comunidades pobres se encuentran relegadas hacia áreas más marginales, lo cual casi siempre tienden a ser las partes más inaccesibles de la parte alta de las cuencas. Más aún, dada la falta de recursos e incentivos para proteger esas áreas, estas comunidades tienden a contribuir a una mayor degradación ambiental en las partes más sensitivas de las cuencas. Esto se observa claramente en la República de Panamá en las partes altas de ríos como La Villa, en Azuero; Chiriquí Viejo, Chico, en Coclé; Chagres, en Colón; Chucunaque en Darién y Pacora al este de la provincia de Panamá, entre otros. 

Claramente, las partes altas de todas las cuencas hidrográficas son regiones que reciben la mayor parte de la lluvia y la escorrentía potencialmente disponible para recargar el resto de estas a medida que los recursos hídricos en las partes medias y bajas sean utilizados con mayor intensidad, dado el crecimiento económico y/o demográfico de la población. Por tal razón, es imperativo que el Estado diseñe e implemente políticas públicas efectivas que estimulen a las comunidades indígenas y campesinas residentes en las partes altas de las cuencas hidrográficas de nuestro país para que modifiquen sus técnicas de cultivo, manejo de las tierras y sus prácticas de manejo de recursos hídricos, como una forma eficiente de incrementar el suministro de agua en las partes medias y bajas de las cuencas. Dada su precaria existencia, en muchas ocasiones estas comunidades deben ser compensadas por sus esfuerzos para incrementar la producción de agua en las cuencas hidrográficas donde residen. 

Para que un esquema de compensación con este alcance tenga sostenibilidad, la compensación debe incluir algún tipo de garantía a largo plazo para los involucrados. Esta recompensa puede incluir pagos directos por sus contribuciones medibles al mejoramiento en volumen y calidad de la oferta hídrica en las cuencas en atención al mecanismo de secuestro de carbono ahora mercadeados para financiar ciertos esfuerzos de conservación de bosques en América Central y otras regiones, mejores precios para sus productos, así como la introducción de prácticas agrosilvopastoriles más eficientes en el uso de la tierra que complementen y añadan valor a sus actividades económicas tradicionales. 

En resumidas cuentas, cuando los bosques tropicales húmedos, ubicados en las cuencas hidrográficas de la República de Panamá, son explotados exclusivamente por su madera y/o devastados para expandir la frontera agropecuaria, el proceso tiende a ser tan perjudicial para los servicios ecosistémicos que todos los otros bienes y servicios ambientales, particularmente la biodiversidad, se ven severamente reducidos. En contraposición, se pueden explotar los bosques por sus otros productos (como por ejemplo, belleza escénica, control natural de la erosión de las riberas fluviales y la sedimentación de quebradas, ríos y lagos, mantenimiento del ciclo hidrológico en condiciones adecuadas de volumen y calidad) con virtualmente ninguna afectación a los ecosistemas forestales, riparios y lacustres ubicados en dichas cuencas y permitiéndole un modo de vida digno a las comunidades que allí residen. Queda en nosotros ser más proactivos. 

(*) El autor es economista.

 Artículo publicado en el  diario La Prensa del día 9 de abril de 2012.