Por: Jairo A. Vasquez Pravia (*)
El desarrollo sostenible vincula el bienestar de las generaciones con la capacidad de la biósfera de sostener la vida y tiene un enfoque de política pública. El desarrollo sostenible no es un estado fijo, sino más bien un proceso de cambio en el cual la explotación de los recursos naturales, la dirección de los flujos de inversión, la orientación del cambio tecnológico y los cambios institucionales se articulan con las presentes, así como con las futuras necesidades.
Nuestros sistemas económicos, políticos y sociales globales actuales no están bien preparados para enfrentar este desafío. Existe una asimetría fundamental en el corazón de los sistemas económicos que recompensa la producción y el consumo a corto plazo de los productos básicos comercializados a expensas de la administración del capital natural necesario para el bienestar humano a largo plazo. Con una mayoría de personas que ahora viven en áreas urbanas (se espera que sean dos tercios de la población mundial para 2050), esta asimetría puede acentuarse aún más a medida que las conexiones con la naturaleza se vuelven menos evidentes, aunque no menos importantes.
La valoración económica de los bienes y servicios ambientales, así como la implementación de mecanismos de compensación por su uso es un factor clave para reducir esa asimetría. Los bienes ambientales son productos de la naturaleza directamente aprovechables para el uso o consumo como, por ejemplo, el agua, los recursos pesqueros, la madera, los productos no maderables del bosque, las plantas de uso medicinal. En cambio, los servicios ambientales son aquellas funciones de los ecosistemas que generan beneficios y bienestar para las personas y las comunidades No se transforman ni se gastan en el proceso de utilización del consumidor; ésta es la característica principal que los distingue de los bienes ambientales, utilizados como insumos en los sistemas productivos, en cuyo proceso se transforman y se agotan. El paisaje es un claro ejemplo de servicio ambiental.
Comprender quién afecta la generación de servicios ecosistémicos (llamados proveedores) y quién se beneficia de los servicios ecosistémicos (beneficiarios o consumidores) permite evaluar los costos y beneficios de una política determinada, incluidas las consecuencias distributivas entre las partes afectadas. Las instituciones, como los derechos de propiedad y acceso, junto con la naturaleza de los servicios en cuestión, enmarcan el contexto de las políticas e influyen en el conjunto de incentivos para el uso público y privado y la provisión de servicios ecosistémicos. Comprender el panorama institucional y las estructuras de incentivos puede informar una gestión y una gobernanza eficaces. Por ejemplo, políticas cuidadosamente diseñadas, como por ejemplo la aprobación de una ley que reconozca la existencia y valor de los bienes y servicios ambientales, pueden motivar a los posibles proveedores de servicios de los ecosistemas mediante el uso de pagos por la acción, el acceso o el mantenimiento de un servicio. De manera similar, la ordenación pesquera basada en los derechos puede incentivar a los pescadores a ser mejores administradores de los ecosistemas que producen los peces que capturan.
Las áreas protegidas estatales panameñas, tal es el caso de los parques nacionales como Chagres, Camino de Cruces, Internacional La Amistad, Coiba (marino costero), Bastimentos (marino costero), al igual que los ,humedales de la Bahia de Panama; Matusagaratí (provincia de Darién) San San Pond Sak (provincia de Bocas del Toro), reservas forestales como la región de Donoso (provincia de Colón), Palo Seco (provincia de Bocas del Toro) generan una cantidad y diversidad de bienes y servicios ambientales.
Entre los años 2002 a 2005, a solicitud de la entonces Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), el consorcio consultor chileno BCEOM– Fundación Terram llevó a cabo el primer estudio conocido sobre valoración económica de bienes y servicios ambientales en la República de Panamá. iniciando con el Parque Nacional Coiba y el Parque Internacional La Amistad. Posteriormente se terminaron valorando un total de 21 áreas protegidas en el territorio nacional, arrojando resultados muy interesantes. De acuerdo con reportes de la época al respecto, se estimó que el valor de los servicios ambientales ofrecidos por las 21 áreas protegidas analizadas ascendía a un flujo de 149.2 millones de dólares por año aproximadamente.
Cabe destacar que se han presentado ante la Asamblea Nacional de Diputados durante los últimos 15 años, al menos, dos anteproyectos de ley sobre bienes y servicios ambientales, los cuales no han sido aprobados por diversas razones.
Corregir la citada asimetría en Panamá requerirá transformar el uso del capital natural a través de una mejor comprensión del papel que juega este en el sostenimiento del bienestar humano, integrando esta información en contextos de decisiones y políticas, y cambiando las instituciones, políticas e incentivos para recompensar la administración a largo plaza. La aprobación de una ley sobre bienes y servicios ambientales en la República de Panamá es fundamental para iniciar esta corrección. La conservación y el desarrollo económico se han considerado en esferas separadas durante demasiado tiempo. El desarrollo sostenible en el siglo XXI requiere el reconocimiento explícito de que el desarrollo social y económico son parte de una biosfera estable y resiliente y dependen de ella.
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