lunes, 8 de marzo de 2010

Retribuyendo a la Naturaleza.

Por: Jairo A. Vásquez Pravia (*) 

La disponibilidad de agua en el país ha permitido, hasta el momento, el abastecimiento del vital líquido para consumo humano (cerca de 400 millones de metros cúbicos por año), la operación del Canal de Panamá, la agricultura, la acuicultura, el uso industrial y la producción de energía hidroeléctrica. Sin embargo, la calidad actual de este recurso se ha visto afectada por la contaminación en sus diversas formas, problema que es palpable en las cuencas del río Chiriquí Viejo, río Santa María, río Grande, Bayano y río Pacora, lo que pone en riesgo el abastecimiento futuro para los diferentes usos. Según el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, existen en Panamá aproximadamente 270mil hectáreas aptas para riego, localizadas en su mayor parte en la provincia de Chiriquí y en el Arco Seco, regiones donde se ubican las cuencas de los ríos Chiriquí Viejo, río Grande y Santa María. Actualmente se riegan sólo entre 27 mil y 28 mil hectáreas. De éstas, aproximadamente el 90% corresponden a riego privado. Cabe señalar que la mayor parte de los usuarios de riego son propietarios de las tierras que cultivan. 

La demanda de agua para la generación de energía hidroeléctrica se estima en 21.9 billones de metros cúbicos y se concentra en las provincias de Panamá (central Bayano) en el río Bayano, Chiriquí (centrales La Estrella, Los Valles y Fortuna) y Veraguas (La Yeguada, en la cuenca del río Santa María). Según los antecedentes sobre el potencial hidroeléctrico inventariado, la provincia de Bocas del Toro es la que dispone del mayor potencial en el país, seguida de la provincia de Chiriquí (incluye río Chiriquí Viejo). En la provincia de Veraguas también existe algún potencial, pero para plantas de menor potencia No contar con una oferta estable de agua a futuro en algunas regiones comienza a ser cada vez más evidente en cuencas hidrográficas como las mencionadas arriba. Esto se convierte, entonces, en un serio riesgo para la competitividad económica de buena parte del sector agropecuario del país. Este escenario apunta a poner en práctica algún tipo de instrumento económico de gestión ambiental que permita un uso racional y eficiente del recurso hídrico en estas áreas en reemplazo de la visión tradicional de "quien contamina paga", el cual en no pocas ocasiones ha sido relativamente inefectivo en el manejo integral de cuencas. 

Los servicios ambientales o eco sistémicos son aquellos provistos por el entorno natural y de los cuales se benefician múltiples individuos, por ejemplo, la purificación del agua y el control de las inundaciones provistos por los humedales, o bien, la regulación del ciclo hidrológico y la belleza escénica, entre otros muchos servicios, provistos por los bosques. El pago por servicios ambientales (PSA), entonces, es un mecanismo de compensación para quienes mantienen o introducen prácticas de conservación o prácticas agrosilvopastoriles sostenibles dentro de las tierras que proveen dichos servicios. Por ejemplo, usuarios río abajo de agua purificada por un bosque río arriba, como compañías embotelladoras de agua, comunidades locales, ingenios azucareros, entre otros, puedan pagar a los conservadores de ese bosque para garantizar un flujo sostenible de tal servicio. El pago por los servicios ambientales provistos por bosques, arrecifes coralinos, humedales y otros ecosistemas es una forma de reconocer su valor y garantizar que los beneficios provistos por éstos se mantengan en el largo plazo.

También puede permitir que pequeños productores agropecuarios y comunidades pobres en áreas rurales y semi rurales puedan recibir beneficios tangibles por la conservación, contribuyendo así al desarrollo sostenible. En la República de Panamá existen todas las condiciones para iniciar programas de PSA sostenibles, teniendo como hilo conductor la gestión integrada del recurso hídrico, lo cual será vital para la competitividad económica de nuestro país en el marco del desarrollo sostenible. Sólo nos falta voluntad. 

Artículo publicado en el Diario La Prensa del día 13 de junio/2006. 

(*)El autor es economista.

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