Regulaciones Ambientales, ¿Un Freno a la Competitividad Económica?

Por: Jairo A. Vásquez Pravia (*) 

Durante la última media década, el proceso de liberalización de los mercados ha cambiado su enfoque de reducción arancelaria, la cual efectivamente se ha gestado en buena parte del mundo, hacia la eliminación de barreras para arancelarias al comercio mundial, entre las que destacan las regulaciones ambientales. Dado que muchas regulaciones nacionales, tales como las normas de calidad ambiental y los estudios de impacto ambiental para diversos proyectos de inversión pueden ser consideradas como barreras para arancelarias al comercio, la discusión sobre la extensión y el impacto de las normas ambientales se ha expandido en las mesas de negociación de todos los acuerdos de libre comercio de reciente data. 

De acuerdo con el índice de competitividad mundial preparado por el Foro Económico Mundial para el periodo 2009-2010, la República de Panamá alcanzó la posición 56, por debajo de países como Chile (30) y Costa Rica (55), pero por encima de economías más grandes como México (60), Uruguay (65) , Colombia (69) y Argentina (85). Si observamos los países que lideran el escalafón como Finlandia, Estados Unidos, Dinamarca, Singapur, Suiza, Islandia, Noruega y Australia, coincidentemente son los que poseen regulaciones ambientales más estrictas y actualizadas, lo cual no ha sido obstáculo para seguir liderizando el proceso de globalización. 

Por otro lado, muchos países en vías de desarrollo, en especial México y los países centroamericanos, durante los últimos años han dedicado esfuerzos para flexibilizar sus regulaciones ambientales en aras de atraer mayores flujos de inversión extranjera en el marco de acuerdos de libre comercio, empero, siguen sin mostrar un mayor crecimiento económico ni mejoras en su competitividad ni distribución de la riqueza, y lo más preocupante de todo, haciéndose irremediablemente más dependientes del flujo de remesas extranjeras de su fuerza de trabajo emigrante hacia los Estados Unidos. En el caso de México, estas remesas representan la segunda fuente de divisas luego de las exportaciones de petróleo crudo y sus derivados, mientras que para El Salvador ya son desde hace casi 15 años su principal fuente de divisas.  

Al contrario de la percepción de muchos, Panamá es considerado uno de los países latinoamericanos con regulación ambiental de mayor alcance y, sin embargo, mantiene uno de los flujos de inversión externa directa más consistentes durante los últimos años, pasando de unos 603.4 millones de dólares en el año 2000 hasta unos 2 mil 401 millones de dólares para el año 2008, de acuerdo con estadísticas de la Contraloría General de la República. 

Las regulaciones ambientales no pueden ser vistas como simples controles de la contaminación o estándares de manejo de recursos naturales, capaces de ser flexibilizados de un solo plumazo por la burocracia estatal en aras de la consuetudinaria excusa de fomentar la inversión nacional y atraer la extranjera en beneficio del país. Ellas también son parte de las reglas fundamentales para el comercio internacional y sirven como una mitigación necesaria contra las fallas de mercado en el orden económico global. 

La construcción de una sensibilidad ambiental en el régimen de libre comercio de forma pensada y sistemática debería de ser de interés, tanto en los mundos económicos como ambientalistas, los cuales nunca deben ser mutuamente excluyentes per se si buscamos un desarrollo sostenible. En un ambiente donde crecientemente se reconoce que el camino a un efectivo y justo intercambio de bienes y servicios en un mundo cada vez más globalizado no está libre de riesgos, las regulaciones ambientales tienen un rol que jugar en preservar un mejor entorno para el mejoramiento de la competitividad económica de cada país. 

Artículo publicado en el diario La Prensa del día 5 de enero de 2010. 

 (*) El autor es economista.